Día del Agua y la oportunidad constituyente

• Por María José Torres Macho, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile

El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, lo que nos hace pensar en la centralidad de una “Agenda Común”.  En esa fecha, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamado a la solidaridad global que permita ver lo común como esencial para la supervivencia del planeta y los seres que lo habitamos. Recientemente, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) alertó que el cambio climático generará impactos irreversibles en las personas y los ecosistemas, y puso énfasis en que esta es la década clave para evitar los peores impactos del calentamiento global. Esta “Agenda Común” nos transmite un sentimiento de urgencia para atajar la triple crisis causada por la disrupción climática, la pérdida de biodiversidad y la capacidad destructiva de la polución de nuestro planeta. Pero no basta con una acción urgente, la visión ha de ser de largo plazo con una decidida participación intergeneracional guiada por la centralidad de los derechos humanos. El rol de la Convención Constituyente en Chile es, en ese sentido, esencial para renovar el “pacto social”, la manera en la que el Estado y los ciudadanos se relacionan en temas tan cruciales como sus recursos naturales, siendo el agua un bien esencial, que afecta de manera tan central nuestra calidad de vida.

El abastecimiento y calidad del agua dulce permite o limita de manera contundente las actividades sociales y económicas. Sin embargo, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable en el mundo. Sin acción decidida, se prevé que los efectos del cambio climático incrementen esas cifras en 2050 a cerca de 4 mil millones, situación que afectará de manera desproporcionada a las poblaciones y regiones del planeta más vulnerables. En Chile, la inseguridad hídrica preexistente impide que más de 250 mil personas tengan acceso al agua potable, a lo que podría sumarse un racionamiento del suministro en algunas zonas del país, si se mantienen las condiciones de sequía que ya llevan 13 años.

En este contexto, el proceso constituyente es una oportunidad única de generar un marco jurídico que asegure el desarrollo presente sin comprometer el de las generaciones futuras. Chile no está sólo en la tarea de crear la estabilidad jurídica necesaria en el tema del agua, más del 75% de los textos fundamentales del mundo reconocen asuntos ambientales en diversos grados.

El Sistema de las Naciones Unidas en Chile presentó el documento “Constitucionalismo Ambiental en América Latina: Recomendaciones para Chile” con el fin de contribuir a la discusión constitucional. Las principales recomendaciones plasmadas en el texto son: (I)Transversalizar a lo largo del texto constitucional el medioambiente como parte fundamental de la vida humana, definiendo responsabilidades y obligaciones en temas ambientales. (II) Explicitar la protección de la naturaleza en las bases de la institucionalidad a través de la inclusión de principios ambientales para orientar el quehacer del Estado. (III) Ampliar el derecho a un medioambiente libre de contaminación vigente para incluir el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, lo que permite hacer efectivos otros derechos humanos (derecho a la vida, la salud, la alimentación adecuada, el agua y el saneamiento, entre otros). (IV) Incorporar explícitamente el carácter de bien nacional de uso público de los recursos hídricos, en línea con lo establecido por el Código de Aguas con sus reformas, y el derecho humano al agua, así como su priorización para los ecosistemas, el consumo humano, la agricultura de subsistencia y la alimentación. (V) Incorporar disposiciones ambientales procedimentales sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, recientemente firmado por el gobierno. (VI) Por último, establecer un ordenamiento territorial basado en los ecosistemas que permita una gestión integrada de los recursos naturales y el medioambiente, evaluando cierta autonomía de los pueblos indígenas en gestión de recursos en sus territorios.

Como ONU Chile, reiteramos nuestra disposición a colaborar con el proceso histórico que se vive en el país a medida que se requiera. Confiamos en que este documento pueda ser un aporte para que los acuerdos que se alcancen puedan sentar las bases de una sociedad en armonía con los ecosistemas y, por ende, más justa y equitativa, sin dejar a nadie atrás.