Expertos del sector energía solicitan al ministro de Hacienda correcciones al Impuesto Verde

• Carta firmada por 47 profesionales vinculados a la industria pide definición de una trayectoria temporal para que el monto del impuesto alcance valores consistentes con la experiencia internacional y los costos reales de emisiones de GEI, en el marco del proyecto de Reforma Tributaria que se discute en el Congreso.

La carta enviada recientemente por un grupo amplio y transversal de 47 profesionales de la sustentabilidad y de la industria energética al ministro de Hacienda, Mario Marcel, se realiza en el marco del proyecto de Reforma Tributaria que se discute en el Congreso actualmente, lo que permite alertar sobre los cambios claves que requiere el proyecto.

El objetivo es incentivar la reducción de emisiones de GEI del sector eléctrico a través de dos propuestas fundamentales, que, además, corregirían aspectos que hacen muy poco efectivo el impuesto a las emisiones que aplica actualmente al sector eléctrico y que -contra toda lógica- obliga al pago de parte de éste a productores de energías limpias que no emiten GEI.

“Nuestro compromiso está con las acciones climáticas prontas, materiales y eficientes que permitan reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) y así evitar las graves consecuencias que la ciencia ha advertido en caso de que la concentración de dióxido de carbono provoque un aumento de 1,5°C en la temperatura de nuestro planeta con relación a los niveles preindustriales”, señalan los firmantes como principal motivación para esta iniciativa.

LAS CORRECCIONES AL IMPUESTO VERDE

Puntualmente, el grupo de expertos solicita la Incorporación de dos correcciones al impuesto a las emisiones, o más conocido como “impuesto verde”.

En primer lugar, hace un llamado a incorporar el Impuesto Verde al Costo Variable para despacho por orden económico de centrales. Esto recae en que la reforma tributaria de 2014 incorporó un impuesto a beneficio fiscal, con el fin de gravar “las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono”, pero, para efectos de su aplicación, la misma ley estableció que el impuesto “no deberá ser considerado en la determinación del costo marginal instantáneo de energía, cuando éste afecte a la unidad de generación marginal del sistema”.

Esta disposición tiene como consecuencia que no se diferencien en el despacho las centrales con menores emisiones. Al mismo tiempo, la ley incluyó una norma que obliga a todos los generadores que retiran energía para clientes a que paguen parte del gravamen, provocando que los generadores renovables que tienen contratos de suministro con clientes finales sumen más de 13 millones de dólares en pagos del impuesto verde, desde la vigencia de la norma hasta el balance correspondiente a la operación del año 2021.

La segunda solicitud es la definición de una trayectoria temporal para que el monto del impuesto verde alcance valores consistentes con experiencia internacional y los costos de emisiones de GEI. Para esto, proponen que se implemente la Ruta de Precio al Carbono, contenida en la “Estrategia de Instrumentos Económicos para la Transición Energética” del Ministerio de Energía, de enero del presente año, para que en el período 2022-2025 el impuesto suba gradualmente a 15 US$ por tonelada de CO2 y, posteriormente, entre 2026 y 2030 alcance 35 US$ por tonelada de CO2.

Es importante señalar que, la reducción de emisiones de la generación eléctrica ofrece una gran oportunidad para reducir las emisiones de otros sectores de la actividad económica del país a través de la electrificación. Un ejemplo de esto es el sector transporte, que aporta actualmente con un tercio de las emisiones del sector de energía, principalmente provenientes de la quema de gasolina y diésel en sus motores y donde, por ejemplo, la sustitución del diésel por motorización eléctrica ya muestra positivos resultados en la movilización pública de superficie.

SOBRE LOS FIRMANTES

Los firmantes de la carta se identifican como un grupo de profesionales en el cual se incluyen profesores universitarios, investigadores, representantes de ONG, dirigentes gremiales, consultores, economistas, ingenieros, abogados y periodistas, que se desenvuelven en variadas instancias del quehacer nacional y “a quienes nos une el común interés de que se implementen medidas reales para enfrentar la crisis climática que estamos viviendo a escala global”, señalan.

A continuación firman: María Fernanda Aguirre; Matías Asún; Paloma Ávila; Manuel Baquedano; Nicola Borregaard; Arturo Brandt; Pilar Bravo; Jorge Canals; Benjamín Carvajal; Rodrigo Castillo; Max Correa; Luis Abdón Cifuentes; Annie Dufey; Carlos Finat; Angélica Flores; Javier García; Rodrigo García; Mónica Gazmuri; Alex Godoy-Faundez; Luis González; Karen González; Marina Hermosilla; Sara Larraín; Harold López; Diego Luna; Marcelo Mena; Sergio Missana; Rodrigo Moreno; José Luis Opazo; Gabriel Ortiz; Rodrigo Palma; Ignacio Rebolledo; Ana Lía Rojas; María Teresa Ruiz-Tagle; Ignacio Santelices; Enzo Sauma; Annika Schüttler; Cristián Sepúlveda; Felipe Sepúlveda; Alejandra Stehr; Carolina Urmeneta; Fernanda Varela; Sebastián Vicuña; Nicolás Westenenk; Bárbara Yáñez; Cristián Yáñez; y Carolina Zelaya.

PDF DE LA CARTA

carta ministro de hacienda