- Por Luis Álvarez, periodista y Magister en Comunicación Estratégica.
La filtración del extenso audio que tiene como protagonistas a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y al empresario Daniel Sauer es alimento bien nutritivo para la prensa y los periodistas. Como nos gusta bautizar los escándalos, este pasó a ser rápidamente conocido como “El Caso Audios” y abrió un amplio menú para cientos de artículos que contienen información, declaraciones y sesudos análisis.
Una nota especial para CIPER, porque si probablemente fue destinatario de una maniobra intencionada de filtrar la grabación, quien decidió hacerlo eligió ese medio por la reputación que, aún con algo de controversia, ha ganado en estos años en el campo de la investigación periodística.
Podríamos abrir varios flancos para mirar lo que ha ocurrido. Pero quisiera centrarme en el tremendo daño que la conversación en lenguaje castizo de los protagonistas está haciendo a dos instituciones públicas que deben siempre ser públicamente incuestionadas y creíbles: el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La primera es responsable de asegurar el cumplimiento irrestricto y riguroso de la recaudación de impuestos que establece la ley y, por tanto, de los recursos que financian las operaciones del fisco y, en especial, los programas sociales. La segunda debe velar por el funcionamiento del mercado financiero, de valores y seguros dentro de los marcos también establecidos por la legislación y las normas. No cabe en ninguna de ellas el más mínimo indicio de corrupción y, probablemente, actúan con protocolos que buscan evitar a toda costa llegar a ser vistas como tales.
Pero lo que señalan Hermosilla, Villalobos y Sauer en los audios les pega directamente en sus respectivas líneas de flotación y abre las dudas en torno a si están contaminadas con el virus de la corrupción.
No pretendo hacer un juicio de valor sobre si eso es o no real, porque es resorte de la investigación que realice la justicia y de sus resultados.
Lo que sí se puede hacer es ir evaluando de qué manera estas instituciones van respondiendo a una crisis que se les instaló sin la posibilidad de haberlo previsto de esta forma en sus respectivos corazones y de las cuales tienen que salir con el menor daño posible.
Cabe tener presente que los gobiernos corporativos de ambas entidades son muy distintos. Si bien el SII tiene algún grado de autonomía, su director es designado por el gobierno de turno sin pasar por una ratificación del Senado. El sitio web del servicio no tiene fácilmente visible la normativa que lo rige. Este escándalo ha reflotado la controversia entre quienes buscan darle mayor autonomía mediante la designación de un Consejo como el que tiene el Banco Central o la CMF y quienes sostienen que la recaudación de impuestos requiere de una sola mano firme que asegure el mayor volumen de ingresos tributarios al fisco.
La CMF, creada recién en el año 2018 para fusionar las superintendencias de bancos y de valores y seguros, tiene un consejo de cinco integrantes, cuatro de los cuales son designados por un período de seis años mediante una propuesta del gobierno para ser aprobada por el Senado y una persona que ejerce la Presidencia directamente designada por el Presidente de la República por el período que dure su mandato. Es decir, tiene una autonomía con algún grado de discrecionalidad gubernamental, pero sus decisiones radican en un cuerpo colegiado y nunca de una sola persona.
En el “Caso Audios”, el SII optó por responder casi de inmediato a través de su director, quien días después anunció la remoción del director de grandes contribuyentes y la suspensión de otros cuatro funcionarios. Varios de ellos fueron citados a declarar a la Fiscalía.
La CMF optó por mantener silencio al principio hasta que su presidenta hizo declaraciones a T13 Radio, antes de ir a la Comisión de Hacienda del Senado, donde basó con argumentos certeros y tajantes su defensa sobre el caso en que se aplicaron duras sanciones contra la empresa de Sauer, incluyendo el fin de la autorización para operar en el sistema financiero. Puedo estar equivocado, pero mi impresión personal es que, sin desmerecer por cierto el alcance de la radio, pudo haber tenido mayor impacto aún una conferencia de prensa o entrevistas simultáneas o sucesivas en varios medios.
Aunque el estado de crisis para ambas instituciones sigue vigente mientras no se aclare si hubo o no actos específicos de corrupción, ya es posible ir sacando lecciones para enfrentar crisis comunicacionales que, en este caso, llegaron de golpe a las dos organizaciones, porque probablemente nadie veía venir este huracán.
La primera es, como ya se ha visto en instituciones públicas, aumentar los niveles de transparencia. Mientras más transparencia haya, la sospecha no tendrá campo libre. La segunda, es asignar alta relevancia al riesgo reputacional en cualquier mapa de riesgos que se elabore dentro de una organización, porque la buena reputación se puede perder aceleradamente en cuestión de horas o días. Y la tercera es actuar públicamente con cuidadosa rapidez, especialmente cuando se pone en duda la eficiencia y credibilidad de una institución que considera haber hecho las cosas bien. En otras palabras, si soy inocente, me defiendo incluso de manera dramática ante acusaciones infundadas y si sospecho que tuve algo, defiendo mi actuar garantizando que, si hay una manzana podrida dentro, la encontraré como sea y la entregaré a la justicia.
¿Lección para los periodistas? Ser cuidadosos con los juicios anticipados que contribuyen a aumentar sospechas sobre instituciones que son pilares en el funcionamiento del aparato estatal y en la estabilidad del sistema financiero. Este no es un caso en que la pasión en las declaraciones políticas, que habitualmente priorizan la confrontación con los de ideas contrarias, ayude a recuperar la confianza.
