La nueva disputa del sector eléctrico: ¿Quién paga la cuenta por la Ley de Servicios Básicos?

• Para evitar una crisis financiera por el aplazamiento en el cobro de las cuentas de luz para los clientes residenciales, las generadoras proponen que las eléctricas adquieran un préstamo por US$500 millones con el BID y rechazan que cada actor asuma una responsabilidad de pago equitativa. 

Una fuerte tensión se está viviendo en el mundo eléctrico nacional. La Ley de Servicios Básicos que se está discutiendo en el Congreso tiene a las distribuidoras y generadoras en trincheras opuestas respecto de quién debe pagar la cuenta por la prórroga del pago de la cuenta de luz, medida que busca alivianar el bolsillo no solo del 40% de la población más vulnerable del país, sino que también de aquellas familias que acrediten tener dificultades reales para cancelar su boleta por el suministro eléctrico en la crisis económica y sanitaria que ha generado la propagación del coronavirus.

Es que el aplazamiento del pago de las boletas eléctricas residenciales afectará la cadena de pagos del sector eléctrico, lo que conllevaría una crisis mayor en la industria y se une a la frágil situación financiera que hoy están viviendo las generadoras luego de la aplicación del fondo de estabilización, en octubre pasado, y que tiene a varias empresas de energía renovable en una situación limite en términos de financiamiento.

La disputa entre los actores de la industria subió de nivel hace dos semanas, cuando el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, propuso que las distribuidoras tomen un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para costear el impacto del aplazamiento de los cobros a los clientes residenciales, lo que implicaría que el sector -donde operan Enel, CGE, Saesa y Chilquinta-, asuma un préstamo por unos US$500 millones, con un costo financiero que ascendería a US$40 millones y que sería recuperado en 18 meses, considerando la duración del estado de catástrofe, más meses de gracia y 12 meses de repago.

La arremetida fue respondida a la brevedad por Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, gremio que reúne a las distribuidoras que operan en el país, quien señaló que el costo de la medida debería ser equitativa respecto del rol que cumple cada área energética dentro de la boleta eléctrica. Es decir, que las generadoras aporten con el 70% del costo, las distribuidoras con el 20% y las transmisoras con el 10% restante, fórmula que no gusta en el gremio que lidera Seebach.

El discurso de las distribuidoras es que el sector, en su conjunto, tendrá que financiar una reducción de recaudación de más de US$600 millones, cifra relevante considerando que en un año, el Ebitda de todo el sector llega a US$500 millones, según se desprende de la presentación de Castillo ante la Comisión de Economía del Senado.

“Es complejo saber el impacto real del aplazamiento del pago de las cuentas. Hay que considerar que esta es una medida inédita, que se da por el escenario de pandemia que estamos viviendo, pero para tener una idea, las distribuidoras deberían haber recibido entre enero y junio de este año, unos US$1.450 millones de recaudación por el pago de las boletas eléctricas residenciales”, señala un ejecutivo vinculado al sector regulado.

Añade que con todo lo que se paga, en la cadena de pago, finalmente las eléctricas se quedan con un monto cercano a los US$300 millones, “por eso la idea del crédito, asumido por las empresas distribuidoras no es una fórmula que guste, porque al final, las distribuidoras se van a quedar sin caja”, recalca la fuente.

El BID, a través de su filial Invest, ya ha tenido acercamientos financieros con el mundo eléctrico. De hecho, fue la fórmula que usaron las generadoras para costear el impacto de los US$1.350 millones del fondo de estabilización, que evitó un alza relevante de las cuentas de la luz entre julio de 2019 y junio de 2023.

“Este financiamiento, otorgado por el BID, entregó una solución efectiva que permitió no alterar la provisión esperada de flujo de caja que las empresas de generación consideraron antes de la Ley 21.185, a un costo financiero no despreciable de aproximadamente US$350 millones, y con ello no afectar mayormente las decisiones de inversión tomadas al momento que se adjudicaron los contratos de suministro con las empresas de distribución. Lo anterior también fue una buena medida para permitir mantener las expectativas futuras del desarrollo del sector generación en Chile”, señala Seebach, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que hay que abordar la crisis generada por el Covid-19, pero “sin hipotecar el futuro de la transición energética” que se está impulsando en el país.

Yolanda Martínez, representante del BID en Chile, explica que el financiamiento acordado con las generadoras está avanzando bien y detalla que “estamos trabajando con todos los principales actores del mercado, y proveyendo el financiamiento junto con dos bancos internacionales, para inyectar la liquidez necesaria para absorber ese congelamiento de tarifas”. Agrega que esta solución “es muy importante”, ya que “permite a los generadores mitigar, en parte, los menores ingresos que recibirían, y poder hacer frente a sus obligaciones financieras de sus respectivos proyectos”.

Y en relación al Covid-19, explica que también están trabajando con las empresas del sector para financiar el acuerdo del gobierno con las empresas, pacto que fue anunciado por el Presidente Piñera a fines de marzo. “Esta inyección de liquidez permitirá mantener la continuidad de la cadena de pagos en la industria, lo que es esencial para mantener la sostenibilidad financiera y el acceso a financiamiento de largo plazo. Esto se traduce en tarifas más bajas para los usuarios y mantener el desarrollo de tecnologías limpias que requieren plazos mayores para financiarse”, dice Martínez.

Hoy, revela, el proceso está en fase de estructuración, es decir, están en la etapa de redacción de los contratos, análisis legales y de riesgo respectivos. “Es una transacción compleja por la cantidad de actores, pero estamos haciendo los mayores esfuerzos por avanzar lo más rápido posible. No queremos comprometer fechas, pero es una operación que esperamos demorar menos de lo tradicional para este tipo de financiamientos internacionales que por su complejidad tarda alrededor de 4 a 6 meses”, adelanta la representante del BID en Chile.

Pese a las medidas que están puestas sobre la mesa, tanto el sector de las generadoras como las distribuidoras están pidiendo que el Estado se haga parte como una forma que viabilice la solución para mitigar los riesgos, tal como lo ha hecho, ejemplifican, con la banca y los recursos adicionales que el Ejecutivo ha introducido al Fogape. (Fuente:La Tercera)