- Los terrenos conforman un corredor biológico que, a futuro, podría conectar el parque nacional Alerce Andino y la reserva nacional Llanquihue. Además, la propiedad es parte de la Reserva de la Biosfera y a futuro solo podría ser usada con fines turísticos.
Para los próximos días está prevista la firma del contrato en el que Colbún otorgará una especie de ‘servidumbre ecológica’ a la Fundación Tierra Austral, que será garante de la preservación de 430 hectáreas ubicadas en la ribera sur poniente del lago Chapo, en la región de Los Lagos. Este reservorio funciona como el embalse de la central hidroeléctrica Canutillar (172 MW) que es propiedad de la generadora.
Estos terrenos conforman un corredor biológico que, a futuro, podría conectar el parque nacional Alerce Andino y la reserva nacional Llanquihue. Además, la propiedad es parte de la Reserva de la Biosfera y a futuro solo podría ser usada con fines turísticos.
Se estima que en Chile hay unas 600 mil hectáreas destinadas a la conservación ambiental por parte de privados -personas naturales, proyectos familiares, comunidades, ONG y empresas-. El denominador común de estas iniciativas es que la condición de conservación depende únicamente de la voluntad de los dueños de los predios, la que, ante determinadas circunstancias puede cambiar.
Eso hasta ahora, porque Colbún está a punto de convertirse en la primera empresa en el país que destinará una de sus propiedades a la preservación y conservación ambiental, y lo hará a perpetuidad, renunciando a cualquier desarrollo productivo futuro.
Para asegurarse de que esto se cumpla, incluso si ellos llegasen a traspasar la propiedad, la compañía se acogerá a una figura legal que está vigente desde 2016 en la Ley N° 20.930 y se denomina Derecho Real de Conservación (DRC).
Chile es el único país de América Latina que cuenta con una herramienta de este tipo, la cual replica el modelo de Land Trust que le da estatus legal a la conservación y es ampliamente utilizado en Estados Unidos.
El gerente general de Colbún, Thomas Keller, destaca que la eléctrica es pionera en el uso de este instrumento legal. ‘Además de ser protagonistas de un instrumento innovador, nos permite dedicar parte de nuestros terrenos y de nuestro patrimonio de manera exclusiva a la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que potenciamos el atractivo turístico del área de influencia del lago Chapo, actividad en la que estamos colaborando hace muchos años’, comenta.
La directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, Victoria Alonso, explica que estos acuerdos permiten traspasar la voluntad de conservación de las personas a la tierra, obligando a acogerse a ella a quien sea el propietario de los terrenos. ‘Antes podías tener la determinación de conservar, pero podía surgir una oferta económica muy atractiva para construir o darle otro uso que podría hacerte cambiar de idea. Eso es lo que cambió, porque ahora el Código Civil permite que esa voluntad de conservación se quede en la tierra y que revertirla sea muy difícil’, puntualiza.
El gerente de Medio Ambiente de Colbún, Daniel Gordon, explica que escogieron esta zona porque se trata del ‘mejor proyecto de conservación entre las propiedades que tiene la compañía’, no solo por la riqueza y belleza del paisaje, que constituye la transición entre la zona de los lagos y el inicio de la Patagonia, sino que también porque hace las veces de corredor entre el parque nacional Alerce Andino y la reserva natural Llanquihue, una zona reconocida como Reserva de la Biosfera.
Agrega que el 98% de los terrenos sujetos al acuerdo son prístinos, ya que por sus características topográficas son de difícil acceso y la intervención ha sido prácticamente nula. Esto hace que la inversión asociada a este proyecto de conservación, que correrá por parte de la empresa, sea más bien reducida. ‘El trabajo que tenemos es asegurar que el lugar se mantenga más o menos como está hoy y para garantizarlo en el contrato se le encarga a la Fundación Tierra Austral el monitoreo de esta voluntad’, comenta Gordon.
Victoria Alonso relata que llegar hasta este punto les tomó cinco años de evaluación y uno de negociaciones legales para definir con exactitud el alcance de cada una de las cláusulas del acuerdo, entre las cuales figura la prohibición para realizar cualquier actividad productiva, incluida una eventual ampliación de la central hidroeléctrica, pese a que no está ubicada en las 430 hectáreas que estarán sujetas al acuerdo.
‘Lo único que se permite es evaluar a futuro el desarrollar una zona de recepción de turistas o eventualmente habilitar un sendero para llegar a una laguna que está más arriba del lago. Eso es lo máximo; nunca habrá un casino ahí’, precisa Alonso.
Gordon comenta que escogieron a la Fundación Tierra Austral como contraparte porque fue creada con el objetivo de impulsar la legislación y ser titular de DRC. Además, es miembro del Land Trust Alliance, asociación que reúne a todas las organizaciones de conservación de Estados Unidos. Su directorio tiene experiencia en la conservación de tierras privadas y está integrado, entre otros, por el abogado Michael Grasty, socio de Grasty Quintana Majlis & Cía, quien la preside; Kathleen Barclay, past president de Amcham y directora de empresas; y Marcela Rentería, directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, Oficina Regional.
Grasty espera que la experiencia de Colbún sirva como ejemplo para otras empresas. “Esta herramienta ha sido diseñada y pensada por muchos años, pensando especialmente en entregarle al sector privado la iniciativa de la conservación”, asegura y precisa que el equipo legal de la fundación perfeccionó el acuerdo para que, por un lado, dé la certeza de que la naturaleza será efectivamente conservada y, por otro, acomodar las expectativas de los propietarios en ese mismo sentido. “Pueden sumarse el sector minero, forestal y, muy importantemente, el sector agrícola. En los tiempos que vivimos, me imagino y espero que todos tengan mucha más claridad de cómo un ambiente sano nos permite tener mejores negocios. En el mundo hidroeléctrico encontramos las mejores oportunidades para avanzar en protección y conservación de la biodiversidad”, agrega Michael Grasty.
Aunque no será en el corto plazo, en Colbún esperan poder replicar esta experiencia en otras de sus propiedades. Gordon explica que la hidroelectricidad es la tecnología más compatible con este objetivo, porque este tipo de centrales se ubican en zonas más alejadas y en entornos más prístinos, comparado con otras tecnologías de su portafolio, como el carbón y el gas natural. “En el mundo hidroeléctrico encontramos las mejores oportunidades para avanzar en protección y conservación de la biodiversidad”, dice y anticipa que las inversiones renovables -eólicas y solares- que impulsan abrirán oportunidades en entornos geográficos diferentes en los cuales hay otros intereses de conservación.
Colbún también ha detectado opciones de conservación en sus otras tres centrales hidroeléctricas de embalse que están en las regiones del Maule y Biobío. De hecho, hicieron un primer intento de DRC en Angostura, la más nueva de estas instalaciones, pero tuvieron inconvenientes como que la empresa no era dueña de todos los terrenos susceptibles de conservar.
Las propiedades que poseen en la Región de Aysén, y que iban a ser parte del frustrado megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, donde la eléctrica de los Matte estaba asociada con la ex Endesa Chile, también están entre los terrenos con potencial para esta fórmula de DRC. “Sin duda que entran en el catastro de predios de Colbún con este objeto, pero ahí estamos hablando de una escala diferente y quizás este primer DRC podría ser el paso inicial en una trayectoria en esa dirección”, puntualiza Daniel Gordon.
La figura legal del Derecho Real de Conservación (DRC) mantiene la voluntad de protección ambiental incluso si la propiedad cambia de dueño. Hasta ahora se han firmado unos 20 DRC, pero su alcance es más acotado
Por su carácter privado, es difícil seguirles la pista a los acuerdos de Derecho Real de Conservación (DRC). Sin embargo, la estimación de la directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, Victoria Alonso, es que desde 2016 se han firmado unos 20, todos con un alcance menor al que Colbún está punto de plasmar.
La directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral dice que los primeros convenios se dieron por la necesidad de blindar proyectos de protección que estaban en etapas avanzadas frente a amenazas como el desarrollo inmobiliario en zonas aledañas. Otros se suscribieron “sin entender mucho el mecanismo”, y por eso dejaron fuera cláusulas claves para hacer exigible su cumplimiento en el futuro.
Un grupo de organizaciones, agrupadas en la Red de Filantropía Ambiental, busca que estos proyectos tengan beneficios tributarios como que se libere el pago de impuestos por las donaciones que reciben. Alonso pone como ejemplo la donación al Estado del parque Pumalín, por parte de la fundación Tompkins Conservation, que debió concretarse -según dice- en el marco de la ley de donaciones con motivo de la visita del Papa Francisco para evitar que Conaf, que recibió los terrenos, tuviese que pagar el 40% de su valor como impuesto.
(Fuente: El Mercurio y Generadoras de Chile. Editado para www.guiachileenergia.cl)
