Pueblos indígenas de Canadá hacen causa común con la industria del petróleo para su propio interés

• Los líderes de las llamadas “Primeras Naciones” ahora se unen de forma rutinaria a los ejecutivos petroleros y del gas en foros públicos para fomentar el apoyo a la industria; y se oponen en bloque a los activistas climáticos en los Estados Unidos y Canadá.

Hay muchos indicios de una cooperación cada vez mayor entre los pueblos indígenas de Canadá y la industria del petróleo y el gas. La producción de hidrocarburos en tierras de reserva es económicamente importante para decenas de estas comunidades llamadas “Primeras Naciones”.

Aunque algunas comunidades indígenas se opusieron hace algunos años a proyectos petroleros, como el Northern Gateway, la expansión de Trans Mountain y los gasoductos Coastal GasLink, una gran mayoría estaba dispuesta a firmar acuerdos de tránsito que les ofrecían beneficios sustanciales en efectivo, oportunidades de empleo y contratos. Los líderes de las Primeras Naciones ahora se unen de forma rutinaria a los ejecutivos petroleros en foros públicos para fomentar el apoyo a la industria. Las Primeras Naciones, incluso, están participando en la propiedad de la industria mediante la inversión en oleoductos y otros proyectos.

Dos factores principales intervienen en este aumento de la cooperación. Uno es el crecimiento de la oposición organizada a la construcción de oleoductos. La Campaña Tar Sands, organizada por activistas climáticos en los Estados Unidos y Canadá, se ha opuesto a toda construcción de oleoductos en un intento de bloquear la producción canadiense, especialmente de las arenas petrolíferas. Al ver amenazados sus derechos de autor y sus trabajos, muchas Primeras Naciones han hecho una causa común con la industria del petróleo en su propio interés.

Ese interés propio ha sido promovido mediante la aclaración de los derechos de propiedad de los indígenas. El deber de los gobiernos de “consultar y acomodar” a los pueblos indígenas antes de autorizar el desarrollo económico en sus territorios tradicionales, articulado por la Corte Suprema de Canadá en 2004, se utilizó al principio principalmente para obstruir. Sin embargo, como el deber se definió y limitó en decisiones judiciales posteriores, su aplicación se ha vuelto más predecible. Se ha convertido casi en un derecho de propiedad que las Primeras Naciones pueden monetizar mediante negociaciones con la industria, fomentando así la asociación.

La culminación de la asociación sería que las Primeras Naciones se convirtieran en importantes inversionistas en la industria petrolera. Ya hay muchos ejemplos de esto, como la compra de una participación del 49 por ciento en Suncor East Tank Farm por parte de las Primeras Naciones Fort McKay y Mikisew Cree; y la inversión de media docena de Primeras Naciones en Kineticor, generador de electricidad en el norte de Alberta.

El gobierno de Canadá ha prometido que las Primeras Naciones obtendrán una participación importante en la propiedad de la tubería de expansión Trans Mountain cuando ese proyecto esté terminado y devuelto al sector privado. La propiedad parcial de las Primeras Naciones también habría sido una característica del gasoducto de gas natural de Mackenzie Valley, así como de los oleoductos Northern Gateway y Keystone XL, si hubieran seguido adelante.

Desde el punto de vista de la industria, una participación de propiedad indígena puede ayudar a superar los obstáculos políticos para la construcción de oleoductos. Sin embargo, esa esperanza no siempre se cumple, como lo demuestra el fracaso de las propuestas de Mackenzie Valley, Northern Gateway y Keystone XL. Los activistas climáticos y otros objetores han demostrado que no dan máxima prioridad a los intereses económicos de las Primeras Naciones.

También, existen serias dificultades en el lado indígena. Grandes oleoductos que tienen cientos o miles de kilómetros de longitud atraviesan los territorios tradicionales de muchas Primeras Naciones, planteando formidables problemas de acción colectiva. Incluso, si estos pueden resolverse, las Primeras Naciones no tienen el capital para comprar una gran participación en los principales oleoductos interprovinciales, cuya construcción ahora cuesta más de $ 10 mil millones de dólares canadienses. Una participación de propiedad indígena en los principales oleoductos, por lo tanto, requerirá alguna combinación de intereses registrados por socios privados, garantías de préstamos por parte de las autoridades y subvenciones del gobierno, tal vez, en forma de precios de compra como concesionarios.

El interés de los socios privados sólo puede llegar hasta cierto punto antes de que la rentabilidad se vea socavada. Ya existen vehículos para garantías de préstamos en agencias como la Corporación de Oportunidades Indígenas de Alberta y la Autoridad Financiera de las Primeras Naciones. Estos son particularmente valiosos, porque están establecidos por la legislación y no están controlados directamente por los políticos, pero se negocian en millones de dólares, no en miles de millones. La propiedad indígena de los grandes proyectos requerirá subsidios de los gobiernos superiores, aprobados por el gabinete, de un tamaño que podría inspirar resistencia política.

La reciente catástrofe financiera del proyecto hidroeléctrico Muskrat Falls, que aún puede llevar a la quiebra a la provincia de Terranova y Labrador, muestra lo que puede salir mal cuando los políticos federales y provinciales se unen para ofrecer enormes garantías de préstamos. A fin de cuentas, la propiedad indígena en la industria petrolera puede funcionar mejor para proyectos pequeños y medianos, donde ya se está volviendo común, que para megaproyectos enormemente costosos que invitan a decisiones políticas irresponsables. (Publicado en Globe and Mail, 28 de junio de 2021)