- La pandemia del Coronavirus, o Covid-19, ha puesto en jaque a la sociedad completa, a gobiernos grandes y pequeños, a los sectores productivos, a la ciencia, al sistema sanitario, y en especial a la salud de la población, llegando a significar incluso la vida a la población más vulnerable al virus, las personas de mayor edad y/o con enfermedades crónicas.
La primera prioridad ha sido preservar la salud de la población y disponer de los medios para la mejor atención de las personas ya afectadas. El distanciamiento social, la cuarentena y el testeo masivo asoman como las medidas más efectivas para evitar la propagación de la enfermedad y aplanar así la curva de contagio, evitando el colapso de la capacidades de respuesta del sistema de salud y ganando tiempo para aumentar su capacidad, aumentar los testeos y, ojalá, pronto descubrir la “vacuna anti coronavirus”.
Ante las medidas sanitarias extremas se presenta el enorme desafío de mantener operando, con la mayor normalidad posible, aquellos procesos y actividades que son servicios básicos esenciales: atención hospitalaria, de emergencia y seguridad, comercio de primera necesidad como supermercados y farmacias, telecomunicaciones, agua potable, cadenas de frío para alimentos, electricidad para iluminación y artefactos, entre tantos otros. El factor común para la continuidad operativa de todos estos procesos y actividades es la disponibilidad oportuna de energía, y en particular de energía eléctrica, a través de su generación, transmisión y distribución.
Así, en este contexto, las prioridades del sector de energía eléctrica hoy son, más que nunca, i) la salud y seguridad de sus trabajadores, contratistas y proveedores, así como la de las comunidades donde opera. La industria de generación emplea cerca de 5.000 trabajadores de forma directa y más de 40.000 de forma indirecta a través de contratistas para el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos; y (ii) mantener la actividad operativa para asegurar el suministro eléctrico, por lo vital que esto significa para la sociedad en la batalla al Covid-19 y para contener la caída de la economía nacional.
Producto de la crisis y las medidas implementadas por la autoridad, en el sector eléctrico se han observado dos fenómenos muy relevantes para su desarrollo: por una parte, la caída en la demanda de electricidad por menor consumo, principalmente del sector industrial y comercial; y, por otro lado, una dificultad en la recaudación por parte de las empresas de distribución y cooperativas eléctricas. Esto último se ha repetido para otras empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, como agua potable y saneamiento, gas por cañería, y de telefonía e internet, y es originado por la imposibilidad de que los usuarios asistan a los lugares que estas compañías disponen para los pagos en forma presencial, o bien por dificultades económicas de los usuarios producto de la crisis.
Para el sector de generación la caída en la demanda tiene un impacto directo y no recuperable. Esta caída se suma a la ocurrida por la crisis social del 2019, y sus efectos a los de la ley de estabilización tarifaria, que, como respuesta a la crisis, protege a los clientes sujetos a tarifas reguladas frente a las alzas del precio del dólar y los combustibles. Esta ley implicó la creación de un fondo de hasta 1.350 millones de dólares, financiado íntegramente por la industria de generación, y que beneficia a los 6,8 millones de clientes regulados.
Por su lado, en materia de recaudación del segmento de distribución, el pago presencial en oficinas comerciales representa entre un 30% (Región Metropolitana) a 70% (regiones y en particular en zonas rurales) de la recaudación total de las empresas de distribución y cooperativas eléctricas. Esto ha gatillado, principalmente en empresas de distribución, el fomentar, reforzar y ampliar los medios no presenciales para el pago, como canales digitales en sus páginas web y aplicaciones celulares, lo que solo mitiga, pero no soluciona, la menor recaudación efectiva que sufrirán estas empresas mientras la situación de emergencia continúe. Muchas familias chilenas no cuentan además con los medios tecnológicos ni de pago para acceder a estas alternativas. Además, las compañías han tomado la decisión de cerrar la mayoría de sus oficinas comerciales, para proteger la salud de sus trabajadores y la de los usuarios al evitar aglomeraciones. La menor recaudación de las empresas de distribución y cooperativas eléctricas les significa una fuerte caída en sus ingresos corrientes, por lo que es esencial encontrar mecanismos eficientes que eviten, al menor costo, dicha situación.
Ante este escenario, el viernes 27 de marzo de 2020 el Presidente de la República anunció medidas para abordar el tema de los pagos de las cuentas de servicios básicos. El anuncio contempla la suspensión del corte de servicio por mora en el pago de las boletas, y el prorrateo de los saldos impagos que se originen durante la vigencia de la crisis sanitaria en hasta 12 meses sin intereses. Los beneficios anunciados tienen cobertura de Arica a Magallanes, pudiendo acogerse familias que están en el 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (unas 3.000.000 de familias), adultos mayores de 60 años con dificultades de pago, personas que hayan perdido sus empleos durante la crisis, y otros casos que se acrediten directamente a las empresas distribuidoras o cooperativas eléctricas.
Además, con el objetivo de aliviar los cobros de energía a los clientes regulados y permitir a las industrias acomodar los turnos laborales de manera de sostener la productividad en un contexto de restricciones producto de la pandemia, y así también proteger el empleo de sus trabajadores, la Comisión Nacional de Energía incorporó en el decreto tarifario de precio de nudo de abril 2020 una postergación extraordinaria y excepcional para este año 2020 del inicio del periodo de punta hasta el 1 de junio, que originalmente debía comenzar el 1 de abril.
Adicionalmente, en el Congreso Nacional se encuentran en tramitación diversas iniciativas legislativas en materia de pago de servicios básicos, que de aprobarse sin los debidos análisis técnicos, económicos, financieros y jurídicos podrían afectar severamente la sostenibilidad económica no sólo de las empresas de distribución, sino que de toda la cadena productiva del suministro eléctrico, incluyendo a las transmisoras, generadoras, al Coordinador Eléctrico Nacional, y a sus proveedores, contratistas, y poniendo en riesgo la fuente de empleo de sus trabajadores directos e indirectos.
Los impactos de la crisis sanitaria por la que atravesamos debe ser enfrentado de manera integral, de modo tal que la implementación de las soluciones que se planteen desde el Gobierno, el Congreso Nacional, la industria y/o los expertos aseguren al mismo tiempo la salud y seguridad de la población, de los trabajadores de esta industria, de la operación segura y eficiente del sistema eléctrico y de la sostenibilidad económica del sector eléctrico en su conjunto, el cual hoy está liderando la transición energética hacia la necesaria carbono neutralidad para enfrentar la crisis climática, de manera económicamente eficiente y que otorgue mayor calidad al servicio de los usuarios.
(Fuente: Editorial Generadoras de Chile)
